ENTRE CEPEDA Y PAVÓN

De Cepeda a Pavón.

Nuevos elementos de tensión.

        La derogación de los tratados que garantizaban el statu quo en marzo de 1856 restableció las desavenencias entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires. Las autoridades de Paraná adujeron, al pronunciarse por la mencionada derogación, que los tratados habían fortalecido la separación del país en dos campos antagónicos. En realidad, este argumento escondía la percepción de que Buenos Aires podía volverse paulatinamente más sólido. Por ello el gobierno de la Confederación se decidió por una política agresiva a fin de unir a la nación antes de que la brecha se extendiese aún más.
    Además del instrumento económico de las tarifas diferenciales, el mencionado gobierno decidió lograr el control del escenario porteño con el apoyo de elementos disidentes, proceso que culminó con resultado adverso en las elecciones de la provincia de Buenos Aires de 1857. Asimismo intentó una vigorosa acción de política exterior en busca de aliados extranjeros.
    El hecho de que existieran grupos opositores en la provincia de Buenos Aires llevó a pensar a las autoridades de Paraná que podían trabajar con esos elementos para incorporar la provincia rebelde a la Confederación. A pesar de que el sitio de Lagos y las posteriores invasiones de los emigrados no habían favorecido las perspectivas de unión, el gobierno de Paraná intentó encontrar alguna fórmula más eficiente de intervención en la política porteña. Las elecciones en la Legislatura para designar al sucesor del gobernador Pastor Obligado habían sido fijadas para mayo de 1857. La persona en quien recayera el nombramiento era relevante para las relaciones entre ambas partes y el gobierno confederal deseaba un gobernador partidario de la unificación en base a la Constitución de 1853, objetivo para lo cual comenzó a trabajar (2).
    Pero si bien el grupo político porteño que había subido al poder a raíz de la revolución septembrina estaba dividido en dos sectores -los que apoyaban el statu quo y los que preferían un programa más agresivo hacia la Confederación-, la actividad de los opositores y su fuerza en la zona rural de la provincia, sumada a la actividad de Urquiza tratando de apoyar la candidatura de Tomás Guido, sirvió para estrechar filas en el partido gubernamental porteño. Este conquistó una sorprendente victoria en las elecciones para conformar la Legislatura en marzo de 1857 y pudo imponer su candidato a gobernador dos meses después. Así, resultó electo Valentín Alsina, el más conspicuo representante de los debates de junio y de la revolución septembrina, hecho que ilustraba un nuevo fracaso de Urquiza en su intento unificador y significaba una ruptura entre los contendientes.

La hostilidad entre Buenos Aires y la Confederación era permanentemente alimentada desde el periodismo de ambos estados. Buenos Aires defendía su tesis de que al menos hasta 1863 (fecha fijada para una eventual reforma constitucional) debía conservarse el statu quo. Pero el presidente Urquiza no estaba dispuesto a trasladar a su sucesor el problema de la integración nacional.
    A su vez, la cuestión de la sucesión presidencial de Urquiza, que finalizaba su período en marzo de 1860, también repercutiría en las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires. La campaña electoral no se planteó en discusiones racionales sino que fue una lucha desarrollada "detrás del escenario" por los dos principales candidatos, el vicepresidente Salvador María del Carril y el ministro del interior Santiago Derqui. Ambos lucharon por obtener el apoyo de Urquiza, para que éste hiciera sentir su influencia en el Congreso, en los gobiernos provinciales y sobre los jefes militares.

La crisis en San Juan: el asesinato de Nazario Benavides

        La crisis en San Juan se inició con un enfrentamiento entre el gobernador Manuel José Gómez y su ministro Saturnino Laspiur, ambos de tendencia liberal y partidarios de la candidatura de del Carril por un lado, y el comandante militar de la zona, general Nazario Benavides, por el otro, que culminó con el encarcelamiento del último en septiembre de 1858 bajo la acusación de conspirar contra el gobierno. Del Carril intentó sacar a Benavides de San Juan bajo la protección del gobierno de la Confederación.  Pero los comisionados confederados llegaron tarde y junto con el asesinato de Benavides se desvaneció también la candidatura de del Carril, al aparecer ante Urquiza como sospechoso de complicidad con el núcleo liberal sanjuanino (1).
        De acuerdo con Julio Victorica, el partido opositor a Benavides -financiado por los hombres de Buenos Aires- había logrado desplazarlo del gobierno sanjuanino. El nuevo gobernador Gómez y su ministro Laspiur respondían a la influencia porteña, como así la prensa sanjuanina. Victorica intenta demostrar la implicación de algunos políticos porteños en el episodio, señalando que desde Buenos Aires periódicos como La Tribuna redactado por Juan Carlos Gómez y El Nacional por Domingo Faustino Sarmiento pedían la eliminación de Benavides por cualquier medio.

        La crisis de San Juan se cerró con la intervención a la provincia por parte del ministro del interior Derqui y el general Pedernera, quienes impusieron como nuevo gobernador a José Antonio Virasoro, oficial del ejército correntino. Aunque el orden parecía haber sido restablecido en San Juan, su desenlace traería consecuencias negativas. Derqui había salido fortalecido del incidente y con él también los grupos favorables al uso de la fuerza contra Buenos Aires.

La presidencia de Santiago Derqui (1860-1861).

        No obstante la firma del convenio de San José de Flores, quedaban obstáculos por salvar en el camino de la unificación nacional. Santiago Derqui, un hombre que desde 1852 había demostrado repetidamente su hostilidad a las pretensiones porteñas, había sido elegido presidente de la Confederación. Pronto los hombres de gobierno de Buenos Aires complicaron la gestión del sucesor de Urquiza. Felipe Llavallol, que como presidente de la Legislatura de Buenos Aires y gobernador provisorio había demostrado buena disposición a celebrar el pacto de unión del 10 de noviembre de 1859, comenzó a ser influido por los elementos localistas o autonomistas porteños. Llegó Llavallol a restablecer el ministerio de relaciones exteriores del gobierno de Buenos Aires que el pacto de San José de Flores había hecho caducar. Aquella influencia se había hecho evidente también en la elección de una convención constitucional a fines de diciembre que debía sugerir las enmiendas a la Constitución nacional. En el mes de abril de 1860 la tensión había llegado a un punto que parecía presagiar la reanudación de la guerra civil.
        Finalmente, el gobernador provisorio Llavallol fue reemplazado por el general Bartolomé Mitre, quien asumió como gobernador propietario el 1º de mayo de 1860. Esta elección parecía ensanchar aún más la brecha existente entre Paraná y Buenos Aires. Desde el primer momento el nuevo gobernador dio muestras de mala voluntad hacia el presidente Derqui. Empezó por hacerse llamar gobernador del Estado de Buenos Aires, denominación que el pacto de unión había hecho desaparecer.

        No obstante las perspectivas de guerra civil, Mitre produjo un viraje sorpresivo en la política porteña. Decidió enviar a Dalmacio Vélez Sársfield en misión a Paraná para discutir el siguiente paso en la unificación, dado que la convención constituyente porteña había decidido ya algunas de las enmiendas a la Constitución de 1853.

        La decisión de Mitre de enviar a Dalmacio Vélez Sársfield a Paraná no es interpretada de la misma manera por los historiadores. Para Gorostegui de Torres, Mitre demostraba con ello que encarnaba una política favorable a la unión entre los dos Estados. En cambio Julio Victorica señala que, no obstante la mala voluntad del gobernador Mitre en términos de negociación con el gobierno de Paraná, el ministro de gobierno de Buenos Aires, Domingo Faustino Sarmiento, al recibir la nota citada del ministro del interior del gobierno de la Confederación Pujol, decidió enviar un comisionado para negociar con el gobierno de Paraná, designando con ese objetivo a Vélez Sársfield.
        Por su parte, el gobierno de Derqui designó para entenderse con el comisionado porteño al ministro de guerra, Benjamín Victorica, a los secretarios Daniel Aráoz, Vicente G. Quesada y José María Cantilo. Dichos comisionados celebraron finalmente un convenio el 6 de junio de 1860. Algunos de sus artículos reflejaban los conflictivos intereses en juego:

Art. 12º. El gobierno de Buenos Aires continuará en el régimen y administración de todos los objetos comprendidos en el presupuesto de 1859 aunque ellos correspondan por su naturaleza a las autoridades nacionales, hasta que incorporados los diputados de Buenos Aires al Congreso disponga éste sobre la materia y sobre el modo de hacer efectiva la garantía dada a Buenos Aires por el artículo 8º del convenio de 11 de noviembre.
Art. 13º. Se exceptúa del artículo anterior, la parte relativa a las relaciones exteriores que Buenos Aires ha suspendido por el artículo 6º del pacto.
Art. 14º. Entretanto el gobierno de Buenos Aires, para concurrir por su parte a los gastos nacionales, entregará al gobierno nacional mensualmente la suma de uno y medio millón de pesos moneda corriente, a contar desde la fecha de la ratificación del presente convenio.
Art. 15º. El gobierno nacional considerando a la provincia de Buenos Aires, como lo es, una parte integrante de la nación, se compromete a ayudarle en la defensa de sus fronteras de las invasiones de los bárbaros, y al efecto ordenará la aproximación de dos regimientos de caballería a la línea divisoria de Buenos Aires a las órdenes del comandante general de la frontera norte de aquella provincia, para que lo auxilie toda vez que lo requiera, en caso de invasión de indios o de persecución de ellos.
Art. 16º. El Congreso legislativo integrado con los diputados de Buenos Aires dictará a la brevedad posible las disposiciones necesarias a uniformar la legislación aduanera y a mejorar en lo posible la protección al comercio general; mientras tanto continuarán rigiendo respectivamente las leyes y prácticas aduaneras hoy vigentes.
Art. 17º. Los productos naturales o manufacturados de Buenos Aires son libres de derechos de introducción en las aduanas de las demás provincias, como lo serán en la de aquélla los productos y manufacturas de éstas.
Art. 18º. El gobierno nacional en el deseo de que exista un vínculo más de unión, ofrece dictar en la forma que él crea oportuna los reglamentos y disposiciones que estime favorables al comercio recíproco para admitir el papel moneda de Buenos Aires con las aduanas de la Confederación en la cantidad que juzgue conveniente. (...) (1)

        Del contenido de los artículos citados de este convenio de junio de 1860 se desprende, según Victorica, la intención conciliadora del gobierno de Derqui, quien si bien refutó la intención del gobierno de Buenos Aires de definirse como Estado y no como provincia integrante del territorio de la Confederación (artículo 15º) y de manejar sus relaciones exteriores en forma independiente del gobierno confederado (artículo 13º), a la vez evitó socavar las atribuciones del gobierno de Buenos Aires en temas sensibles para este último -aduana, moneda, gastos de la provincia-, con el fin de favorecer el acercamiento con la provincia escindida y allanar el camino para su incorporación al resto de las provincias argentinas. En este sentido, el convenio fue útil pues logró tranquilizar momentáneamente los ánimos. En cambio, para Gorostegui de Torres, Buenos Aires sacó partido en el convenio de junio de 1860 de la desconfianza que crearon entre Derqui y Urquiza las hábiles intrigas porteñas, consolidando en las negociaciones la autonomía que pareció haber perdido luego de Cepeda (2).
        El punto clave de la cuestión lo constituía obviamente la entrega de la aduana porteña a la jurisdicción de las autoridades de la Confederación. Las autoridades de Buenos Aires habían demorado dicha entrega -establecida en el pacto de San José de Flores- pretextando que no podía concretarse hasta tanto no se resolviese la aprobación y jura de las reformas a la Constitución de 1853. La intención de dar solución a este punto crucial llevó al gobierno de Derqui a firmar el convenio del 6 de junio. Al mismo tiempo que Buenos Aires conservaba durante un período impreciso su aduana, la suma de 1.500.000 pesos moneda corriente (alrededor de 75.000 metálico) que Buenos Aires se comprometía a entregar mensualmente hasta la jura de la Constitución reformada, mejoraba algo las alicaídas finanzas de la Confederación, que logró colocar bonos al 1% en vez del 2% (3).
        Como una manera de confirmar que la paz había sido asegurada, Mitre invitó al presidente Derqui y a Urquiza a las celebraciones del 9 de julio a realizarse en Buenos Aires. En las ceremonias oficiales y privadas que se sucedieron hubo discursos emotivos y abrazos entre los tres protagonistas principales de la política nacional, pero el peligro implícito de la discordia estaba latente. Derqui deseaba en ese momento romper la tutela que sobre él ejercía Urquiza, y el contacto con Mitre era una oportunidad para lograr algún acuerdo que contrarrestara la mencionada influencia. La actitud de Derqui encontró respaldo en Mitre, quien a su vez deseaba despegar al nuevo presidente de la órbita del federalismo entrerriano para incorporarlo a su partido liberal en formación.

Reforma Constitucional de 1860.

        La reforma propuesta por Buenos Aires trataba de proteger los derechos porteños en cuatro aspectos: ubicación de la capital, soberanía de la provincia, predominio económico y relaciones exteriores (3). Debido a la diversidad de opiniones respecto del primer tema, la cuestión capital fue pospuesta. La enmienda del artículo 3º -que federalizaba a la ciudad de Buenos Aires- estableció que la residencia de las autoridades nacionales debía ser declarada más tarde por ley del Congreso, previa cesión del territorio por una o más provincias.
        En cuanto al segundo aspecto de preservar la autonomía provincial, se reformaron los artículos 5º y 6º, suprimiendo la cláusula que exigía el sometimiento de las constituciones provinciales a la aprobación del gobierno nacional y restringiendo el poder de intervención federal. Además se aconsejó que los candidatos a legisladores nacionales debían haber residido un lapso de tiempo en la provincia a representar. Se enfatizó que los poderes no expresamente reservados al gobierno nacional pertenecían a las provincias. Se prohibió a los jueces federales ocupar simultáneamente cargos en las cortes provinciales. Se disminuyeron los poderes del ejecutivo nacional en época de receso del Congreso.
        El tercer aspecto era la cuestión económica. La convención provincial se preocupó por obtener una garantía constitucional para impedir una discriminación como la de los derechos diferenciales contra el puerto o la provincia de Buenos Aires. Asimismo se sumó a las facultades del Congreso una disposición similar para refirmar la igualdad de aranceles y evitar la supresión de las aduanas existentes en el momento de la incorporación de la provincia a la nación.
        La última gran preocupación de la convención provincial fueron las decisiones en materia de política exterior tomadas por la Confederación desde 1852. Debido a que ésta había firmado con España un tratado que aceptaba el ius sanguinis, los políticos porteños insistieron en que Buenos Aires quedara exenta de ese principio. A tal fin se agregó una reserva al artículo 31º.
        La Convención nacional ad hoc que debía tratar las reformas propuestas por la provincia de Buenos Aires se reunió en Santa Fe entre el 14 y el 25 de septiembre de 1860. En opinión de Scobie, si bien el objetivo aparente de la convención era la revisión de la Constitución de 1853, el hecho de su reunión constituía a la vez para las fuerzas políticas en pugna una oportunidad de ponerse a prueba. Esta vez, mitristas y urquicistas hicieron causa común contra los partidarios de Derqui. El "arreglo" respaldado por los primeros determinaba la aprobación de los poderes de todos los convencionales salvo dos; la aceptación de todos los tratados internacionales excepto el suscripto con España; la disposición de que después de 1866, ni el gobierno nacional ni los provinciales pudieran imponer derechos de importación; y la aceptación de "Confederación Argentina" como uno de los nombres oficiales del país. Luego que el grupo aliado consiguió la aprobación de sus condiciones, la tarea de la convención resultó sencilla.    Por su parte, Derqui había comenzado a dar cumplimiento a su pacto con Mitre.

        El mismo día de la jura de la Constitución por parte del gobierno porteño, el presidente de la Confederación Argentina expidió un decreto cuyo artículo 1º decía: "Elévase al rango de brigadier general de los ejércitos de la República al coronel mayor don Bartolomé Mitre". Buscó además una participación mayor de los políticos porteños en el gabinete nacional. Así, nombró como ministro de hacienda a Norberto de la Riestra, acérrimo partidario de Mitre, quien dictó el decreto nacionalizando la aduana de Buenos Aires (5). También Derqui decretó el cambio de la denominación de Confederación Argentina por República Argentina y derogó los nombramientos de jueces de la Suprema Corte hechos por la presidencia de Urquiza.

        Por último, Derqui, apremiado por las necesidades económicas, decidió el 3 de noviembre, sin esperar la incorporación de los diputados de Buenos Aires, que la provincia disidente entregase no ya el millón y medio mensual sino los excedentes de sus rentas. Esto disgustó a tanto a los partidarios de Derqui como de Urquiza. A este factor se agregaron otras disposiciones de Derqui en materia de relaciones exteriores que favorecían al gobierno de Buenos Aires. La intención del presidente de alejarse de Urquiza y acercarse a Mitre demostrada con todas estas disposiciones terminaría convirtiéndose en explosiva a partir de los sucesos que tendrían lugar en San Juan.

El asesinato del gobernador de San Juan, José Virasoro (noviembre de 1860). Su repercusión en las relaciones entre los gobiernos de Buenos Aires y la Confederación Argentina.

        Urquiza, en un intento por recrear la armonía que amenazaba quebrarse, invitó al presidente Derqui y al gobernador Mitre a festejar el primer aniversario del Pacto de Unión en su residencia San José en noviembre de 1860. Pero un hecho grave quebró toda posible cordialidad: el asesinato del gobernador de San Juan y figura del partido federal, coronel José A. Virasoro, el 16 de noviembre de 1860, y su reemplazo por una figura del partido liberal opositor, el doctor Antonino Aberastain.

        Las instrucciones de Derqui, que habían autorizado el uso de la fuerza, y la insistencia de Urquiza en vengar la muerte de Virasoro llevaron a este desenlace a pesar de que Derqui había dado seguridades a Buenos Aires de que se protegería al grupo liberal. La resolución drástica de la situación sanjuanina mereció la repulsa del gobierno de Buenos Aires e incluso del propio gobierno nacional. Los ministros de la Riestra y Pico renunciaron con lo cual terminó la cooperación porteña con el gobierno nacional. Mitre exhortó al resto de los gobernadores a condenar el asesinato de Aberastain, pero casi todos le contestaron que el asunto era de incumbencia de la autoridad nacional. No obstante, los intercambios de notas y discusiones entre el gobierno de la Confederación, los provinciales y el de Buenos Aires respecto del fusilamiento de Aberastain, con los cuales la prensa contribuía, lograron exacerbar las pasiones hasta el extremo de considerar nuevamente un enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno de Buenos Aires y el de la Confederación. La política de acercamiento de Derqui había fracasado rotundamente. En consecuencia, el presidente buscaría nuevamente el apoyo de Urquiza, quien, desde su gobierno en Entre Ríos y cansado de disputas internas, criticó el papel rector que se arrogaba el gobierno de Buenos Aires.
        Para Gorostegui de Torres, el asesinato de Virasoro y de Aberastain en San Juan eran capítulos de la rivalidad creciente entre los grupos políticos que respondían respectivamente al presidente de la Confederación, a Urquiza y al gobierno de Buenos Aires. Así, por ejemplo, San Luis y San Juan respondían al presidente Derqui; Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y Mendoza estaban bajo influencia urquicista y los porteños contaban con el apoyo de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba (2).
        En un clima enrarecido por las tensiones se acercaba el momento en que la provincia de Buenos Aires debía proceder a su incorporación a la nación.

Clima previo a Pavón.

        Ante la proximidad de una nueva guerra, los ánimos de los principales protagonistas estaban unánimemente contrariados. El presidente Derqui, antiguo amigo de Mitre y halagado por el general porteño al principio de su mandato, no se resignaba a que, tras tantos esfuerzos por satisfacer las exigencias del gobierno de Mitre, el amigo de ayer se convirtiese en el enemigo intransigente. Urquiza, por su parte, estaba lógicamente irritado. A diferencia de los días de Caseros, no tenía deseos de abandonar nuevamente su casa y su familia para tomar parte en una lucha para la cual no tenía motivaciones. Incluso en cierto momento pasó por su cabeza la posibilidad de formar un Estado independiente con Entre Ríos y Corrientes. A su vez Mitre era consciente de que todo su discurso de derechos de Buenos Aires, libertades de Buenos Aires y demás patrioterías con que trataba de justificar la guerra eran pretextos para acceder al gobierno del país. Pero estos pretextos habían ido más allá de lo que Mitre deseaba, embarcando a la sociedad porteña en una cruenta guerra cuyo precio político el gobernador porteño no estaba muy dispuesto a pagar.
        Además de la escasa vocación de Derqui, Mitre y Urquiza por llevar adelante una nueva guerra entre los Estados de Buenos Aires y la Confederación, cuyos réditos políticos eran inciertos en el mejor de los casos, se registraron vanos intentos de mediación para evitar la guerra.

La batalla de Pavón (septiembre de 1861)

        Finalmente, el ejército nacional, a cuyo frente estaba Urquiza chocó con las fuerzas porteñas comandadas por Mitre en la batalla de Pavón el 17 de septiembre de 1861. Los entretelones de esta decisiva batalla han sido objeto de análisis y discusión entre los historiadores. Para Julio Victorica, Pavón fue una batalla enmarcada en un contexto de comunicaciones previas a la batalla entre dos generales que deseaban negociar, Urquiza y Mitre. El primero no estaba motivado para presentar batalla, y al parecer Mitre garantizó al general entrerriano que sus propósitos eran respetar la Constitución nacional y no hostilizar a la provincia de Entre Ríos. Con estas garantías, Urquiza decidió retirarse del campo de batalla. Victorica rechaza una interpretación peyorativa de la actitud del general entrerriano, equiparando esta actitud de Urquiza a la del general José de San Martín después de la conferencia de Guayaquil con Simón Bolívar.
        Por su parte, Halperín Donghi sostiene la idea de que Pavón representó un acuerdo implícito entre Mitre y Urquiza, planteándolo en los siguientes términos:

        Vencedora (Buenos Aires) en 1861, (...) su victoria provoca el derrumbe del gobierno de la Confederación, presidido por Derqui y sólo tibiamente sostenido por Urquiza, que ha desarrollado una viva desconfianza hacia su sucesor en la presidencia. Mitre, gobernador de Buenos Aires, advierte muy bien los límites de su victoria, que pone a su cargo la reconstitución del Estado federal, pero no lo exime de reconocer a Urquiza un lugar en la constelación política que surge (...).

        A su vez, Isidoro J. Ruiz Moreno aporta una serie de elementos sugestivos para la comprensión de Pavón: el distanciamiento entre el presidente Derqui y el gobernador entrerriano y ex presidente Urquiza, alimentado por la necesidad del primero de despegarse de la influencia que sobre él ejercía el vencedor de Caseros; las negociaciones celebradas entre Derqui y Mitre durante la visita del primero y de Urquiza a Buenos Aires el 9 de julio de 1860, apuntando al fortalecimiento del partido Liberal no sólo en Buenos Aires sino en el resto de la Confederación; los escasos móviles que Urquiza tenía para intervenir militarmente contra las fuerzas de Buenos Aires, apatía potenciada por su distanciamiento de Derqui, su escaso interés en abandonar la tranquilidad de su residencia en Paraná por una lucha cuyo objetivo no percibía con claridad, y por el descubrimiento a través de algunas cartas del doctor Mateo Luque dirigidas al presidente Derqui, que mostraban que el Congreso de la Confederación trabajaba para robustecer la influencia del presidente de la Confederación en desmedro de su persona. Todos estos elementos contribuyeron a desmoralizar a Urquiza, quien, ante la sospecha en plena batalla de un nuevo entendimiento entre Mitre y Derqui, optó por retirarse sin definirla (3).
      Mas allá de la divergencia en las interpretaciones, lo cierto es que Pavón abrió el camino de la definitiva organización nacional, proceso que tuvo dos arquitectos: Urquiza y Mitre. Paradójicamente, uno y otro pagarían los costos del acuerdo y serían crucificados como traidores por los elementos intransigentes dentro del partido de la Libertad porteño y del federalismo provincial. El presidente Mitre, luego del desgaste del gobierno, acentuado por la guerra del Paraguay, debió renunciar a tener posibilidades protagónicas en la vida política argentina. El destino de Urquiza fue más trágico: sería asesinado por el caudillo entrerriano López Jordán en 1874.

Conclusiones

        La pretensión de Urquiza de conformar un Estado único y organizado constitucionalmente con los débiles Estados provinciales de la época rosista -supuestamente deseado por la mayoría y que Rosas había aplazado indefinidamente- dio como resultado el surgimiento de dos Estados -la Confederación Argentina por una lado, y el Estado de Buenos Aires por el otro. El último, producto del rechazo de la elite gobernante de Buenos Aires a la organización promovida por Urquiza, pareció consolidarse con el paso del tiempo. Al asumir la cuestión visos de ser irreversible, el punto central se desvió entonces a la relación entre ambas partes. Un corto tiempo de relaciones cordiales terminó en marzo de 1856 cuando los tratados que garantizaban el statu quo fueron derogados por la Confederación, posiblemente con la intención de no fortalecer a su contendiente.
        Pero a su vez la Confederación no conseguía consolidar su poder como gobierno nacional, a pesar de lo cual -si consideramos parámetros realistas- o tal vez para dar solución a su precaria situación, aquélla mantuvo como objetivo principal el tratar de obligar a Buenos Aires a incorporarse al resto del país. Esto se intentó tratando de apoyar a los elementos opositores de los gobernantes porteños, lo cual provocaría la reacción totalmente contraria: es decir el respaldo de la provincia bonaerense al grupo gobernante y la elección del enemigo principal de la Confederación y de Urquiza como gobernador.
        La Confederación insistió entonces con la guerra económica contra el Estado de Buenos Aires, pero la solidez de éste en el aspecto económico-financiero -basada en su aduana y su banco- respaldaba el deseo segregacionista y frustraba los planes confederados. El fracaso de este esfuerzo, sumado al de la búsqueda de alianzas a nivel regional, hizo que el empleo de la fuerza fuera considerado como una solución plausible. A fines de marzo de 1859, Urquiza decidió exigir la unión del Estado de Buenos Aires proclamando la nulidad de sus actos en política exterior. En mayo, el Congreso lo autorizó a resolver la cuestión de la integridad nacional por medio de la guerra si fuera necesario. No obstante la opción por el choque armado pareció tener eco también en el otro lado del arroyo del Medio, pues la mediación norteamericana atribuyó su fracaso a las condiciones impuestas por Buenos Aires.
        Malogrados todos los intentos de llevar a las partes a un acuerdo se produjo la batalla de Cepeda. El triunfo de las fuerzas de Urquiza y la amenaza de que éste tomara la ciudad capital convencieron a los porteños de que debían capitular. El triunfo del proyecto de Urquiza de lograr la integración nacional pareció quedar confirmado por el pacto de Unión firmado en San José de Flores. Finalmente Buenos Aires se incorporaba al resto del país sobre la base del respeto a las disposiciones de la Constitución nacional -aunque se le permitía proponer reformas a la misma por no haber participado en su elaboración-. Además -y esto era la consecuencia más relevante- el Estado de Buenos Aires entregaba finalmente su aduana a la nación, con lo cual la Confederación obtenía el instrumento para su supervivencia.
        No obstante el triunfo urquicista era demasiado duro para ser aceptado por los círculos políticos dominantes en Buenos Aires. En consecuencia, un tácito consenso los llevó a resistir la incorporación y a retardar los pasos establecidos en el pacto firmado. La reunión de la convención constituyente provincial se demoró y no se entregó la aduana. En abril de 1860 se produciría un momento de gran tensión que nuevamente presagiaba la guerra.
        Pero a comienzos de marzo otro hecho cambió el escenario del poder político nacional. Derqui sucedió a Urquiza en la presidencia y esto creó un tercer polo de poder e inauguró una relación de fuerzas tripartita que sería significativa en términos de interdependencia. En mayo, cuando Mitre fue elegido gobernador de Buenos Aires, se completó el tercer vértice del triángulo. La mala relación entre Derqui- quien intentó forjarse una posición independiente de su antecesor- y Urquiza -quien no se resignaba a perder su papel rector en la política de la Confederación e intentó retenerlo desde su puesto de gobernador de Entre Ríos- derivó en una obligada competencia de ambos por alcanzar una acercamiento con Buenos Aires. Esto finalmente debilitó a la Confederación, al manejarse sus autoridades sin unidad en los objetivos.
        Derqui que era el peor hombre que podía ser electo presidente de la Confederación para los intereses de la política porteña pronto revirtió esa posición. Ante las posibilidades de jugar con Urquiza o con Mitre, Derqui se resolvió por el último. La perspectiva de la incorporación de los diputados de Buenos Aires al Congreso nacional, y los futuros procesos electorales de renovación de éste hacían prever que el apoyo de Buenos Aires iba a ser decisivo. Derqui decidió entonces inclinarse por Buenos Aires para encontrar respaldo electoral y hacer frente a Urquiza.
        Consecuentemente el presidente ofreció cargos en el gabinete nacional a hombres de Buenos Aires -especialmente a uno muy cercano a Mitre-, apelando a la justificación de que no estaba aplicando otra cosa que el ya conocido plan urquicista de fusión de los partidos. Urquiza no tuvo más remedio que ser espectador del lento desplazamiento de sus partidarios del gabinete de Derqui, quien sin duda debía la presidencia al apoyo del primero. Probablemente la intención de Derqui fuera situarse en un punto de equilibrio entre las fuerzas de Urquiza y de Mitre, pero su jugada no estaba exenta de cierto riesgo, pues siendo Derqui un hombre que carecía de partido, su afán independentista de Urquiza no tenía otra salida que la caída en la órbita porteña. Así, la maniobra tenía sus límites: cómo conservar el apoyo de los urquicistas al inclinarse por Mitre, y cómo mantener el de Mitre, conociendo éste que el vínculo con los primeros no podía disolverse.
        De esta manera, la llegada de Mitre al gobierno del Estado de Buenos en mayo de 1860 produjo, a pesar de las perspectivas negativas, un acercamiento con las autoridades de Paraná. Este dio como resultado la firma del convenio de junio, por el cual Buenos Aires recuperaba parte de los privilegios perdidos por el pacto de Unión. Especialmente conservaba la aduana contra entrega de un subsidio mensual a la Confederación. Derqui consideró que podía hacer esta concesión en favor de la paz.
        Luego de una reunión de los más altos protagonistas de la escena política de la época, con motivo de los festejos del 9 de julio en Buenos Aires, y que sirvió para que incluso observadores extranjeros detectaran facetas de la sórdida lucha entre los tres, un nuevo capítulo de la competencia Derqui-Urquiza-Mitre tendría lugar ante la reunión de la convención nacional ad hoc, que debía considerar las reformas a la Constitución de 1853 finalmente propuestas por el Estado de Buenos Aires. Aquí cada uno de los polos luchó denodadamente por imponer sus candidatos, aunque finalmente mitristas y urquicistas fueron los responsables del resultado de la asamblea, que prácticamente aceptó todas las propuestas de Buenos Aires.
        La rivalidad entablada entre los tres grandes se manifestó también en la lucha por el dominio de los gobiernos provinciales. Tanto el gobierno de Paraná como el de Buenos Aires trataron de conseguir el apoyo de los gobiernos de algunas provincias y cada uno consiguió cierta esfera de influencia. Si bien los intereses de ambos apuntaban a distintas provincias para evitar el conflicto, en el caso donde éstos confluyeron se produjeron hechos de gravísimas consecuencias. Fue el caso de San Juan, donde la supuesta implicación de los hombres de gobierno de Buenos Aires en el asesinato del gobernador tuvo su contrapartida en la sangrienta represión respaldada por las autoridades de Paraná. El hecho fue tan determinante que provocó el fracaso de la política de acercamiento de Derqui a Mitre y el fin de la cooperación de Buenos Aires en el gobierno nacional.
        El último capítulo de la competencia tripartita se produjo con motivo de la incorporación de los legisladores porteños al Congreso nacional. Luego de la reforma de la Constitución nacional aceptando las enmiendas propuestas por Buenos Aires, debía con este acto darse por terminado el proceso de integración de Buenos Aires con el resto del país. Los diputados porteños elegidos al efecto -por una ley provincial- pertenecían al antiurquicismo extremo y habrían hecho probablemente causa común con el liberalismo provincial y con el derquismo. Se produjo entonces una lucha entre Derqui -que apoyaba la admisión de los representantes porteños- y Urquiza -que la rechazaba- por obtener el apoyo de los diputados de la Confederación para sus proposiciones. Finalmente se impuso la corriente urquicista -en nombre del partido federal- y la cámara de diputados rechazó la incorporación de los porteños con el pretexto de no haber sido elegidos por la ley electoral nacional. Con ello Urquiza aseguraba la influencia federal en el Congreso, pero al costo de provocar el resurgimiento de la antinomia federalismo-liberalismo.
        Los sucesos en San Juan y el rechazo de los diputados porteños activaron la cuenta regresiva hacia un nuevo enfrentamiento armado. A diferencia del caso de Cepeda, Buenos Aires parecía esta vez sentirse fuerte. Su situación económica le permitía enfrentar los gastos de movilización y tenía un ejército en buenas condiciones. La Confederación, en cambio emitía señales de debilidad. La rivalidad entre Derqui y Urquiza dilapidaba los esfuerzos. El desgaste de la lucha política había alcanzado a Urquiza, quien ahora aspiraba solamente a proteger sus intereses, los de su provincia y como mucho los de Corrientes. Las fuerzas armadas de la Confederación estaban dispersas en distintas provincias: había que prepararlas y encontrar una motivación para la guerra. Ante este panorama, el círculo gobernante de Buenos Aires advirtió que era un momento inmejorable para hacer la jugada que venían esperando hacía tiempo. Se hicieron fracasar todas las negociaciones de paz y se provocó la batalla. El triunfo de Buenos Aires en Pavón produjo la consolidación de la integridad nacional pero bajo la hegemonía porteña, por lo cual la elite gobernante de esa provincia había luchado durante toda la década.

JPZ